Lo que está ocurriendo con el Obispo Dante Braida no es casual ni espontáneo: es una operación política burda, organizada y financiada desde los sótanos digitales de La Libertad Avanza. Desde que el máximo referente de la Iglesia Católica en La Rioja se animó a decir una verdad incómoda —que el Gobierno de Javier Milei retiene fondos que pertenecen a la provincia y asfixian su economía— se desató una cacería en redes sociales con un solo objetivo: disciplinar al que piensa distinto.

La metodología es conocida. Cuentas anónimas, perfiles falsos y ejércitos de trolls que actúan al unísono atacan, difaman y ensucian. No discuten ideas: agreden personas. Y en este caso, eligieron como blanco a un Obispo que no responde ni al poder nacional ni al provincial, sino a su conciencia y a su rol pastoral.

Detrás de esta ofensiva aparece, una vez más, el entramado libertario que responde a dirigentes muy cercanos a Martín Menem. No se trata solo de fanatismo digital: estos grupos cobran fortunas. Jóvenes “militantes” que perciben sueldos millonarios —más de dos millones de pesos por cabeza— financiados a través de supuestos programas nacionales que nada tienen que ver con la gente y mucho con aceitar la propaganda política. Plata del Estado usada para perseguir, no para gobernar.

La hipocresía es total. El Obispo Braida no solo reclamó al Gobierno nacional por los fondos que le corresponden a La Rioja; también pidió transparencia al Gobierno provincial en el manejo de los recursos. Ese pedido, curiosamente, no generó ataques ni campañas de odio desde el oficialismo local. La reacción furibunda vino únicamente del lado libertario, demostrando que el problema no es la transparencia, sino la crítica al poder real.

Hoy las redes están inundadas de acusaciones infames: que el Obispo “cobra”, que “milita”, que “defiende” a tal o cual gobernador. Todo falso. Todo parte de una estrategia miserable que busca desacreditar a quien se anima a poner límites morales a un proyecto político que gobierna con ajuste, desprecio y violencia simbólica.

Atacar a un Obispo por reclamar justicia social y fondos para su pueblo no es rebeldía ni libertad. Es autoritarismo digital. Y cuando el odio se financia con plata pública y se baja desde despachos cercanos al poder, deja de ser una pelea en Twitter para convertirse en un problema serio para la democracia.